La decisión del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de suspender algunas pensiones no contributivas por discapacidad también afectó a beneficiarios en Tucumán. Según cifras de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, unas 400 ayudas por discapacidad fueron suspendidas en la provincia.
Claudia Piza, la responsable del área -que se encuentra bajo la órbita de la cartera que conduce Carolina Stanley- indicó que ayer se presentó documentación para que sean reactivadas aquellas que realmente correspondan.
"El licenciado Guillermo Badino afirmó que las (pensiones) suspendidas por haber adquirido un beneficio previsional van a ser activadas. Hay muchísimas suspendidas por eso", dijo Piza en diálogo con LA GACETA. Aseguró también que otro de los motivos por los que se realizó la suspensión del beneficio es porque esas personas tenían bienes a su nombre, como un auto último modelo.
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La encargada del área de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales indicó que en Tucumán, en total, se entregan 80.000 pensiones no contributivas (por discapacidad y por madres de siete hijos) y que la ley establece que cada dos años se revisen las condiciones por las que son otorgados los beneficios.
El Defensor del Pueblo, Fernando Juri Debo, en tanto, dijo que en la repartición que encabeza recibieron sólo 15 reclamos, y que desde la Nación se comprometieron a restituirlos de manera inmediata.
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Ayer, Juri Debo presentó ante la Justicia Federal un "amparo colectivo" para que no se aplique en Tucumán el decreto nacional que suspende el pago de pensiones. Al respecto, indicó que el amparo ya bajó a la fiscalía federal de Carlos Brito. Mañana podría haber novedades sobre el tema.
En los últimos días el Gobierno inició una revisión de la nómina de perceptores de las pensiones por invalidez, que representan la mayor parte de los 1,8 millones de beneficiarios de las denominadas "no contributivas". Esto fue debido a que percibió un singular crecimiento, compatible con un país que ha sufrido catástrofes humanas. Según dio cuenta en un informe el economista Federico Muñoz, entre 1999 y 2002 el total de perceptores del subsidio, por diferentes grados de incapacidad, osciló entre 72.000 y 79.000 personas.